Los inicios del anarquismo en España

En este artículo planteamos las líneas generales del inicio del anarquismo en España hasta el final del siglo XIX.

El anarquismo se extendió en España a partir de la Primera Internacional. En esta difusión de las ideas anarquistas tendría un evidente protagonismo Giuseppe Fanelli, amigo de Bakunin. En el primer Congreso Obrero, celebrado en Barcelona en 1870, se creó la Federación Regional Española de la AIT, siendo mayoría los partidarios de las ideas de Bakunin. En el Congreso de Córdoba de 1872 se rechazaron las resoluciones aprobadas en el Congreso de La Haya, y se decidió adherirse a la Internacional disidente anarquista que se constituyó en Saint-Imier.

Mientras tanto, el fracaso del cantonalismo y la intervención de Pavía marcando el final de la Primera República marcaron el fracaso del internacionalismo en España. Surgieron grupos clandestinos y defensores de la Revolución. Esta situación cambió cuando en 1881 el gobierno liberal inició una política de mayor tolerancia hacia el asociacionismo obrero. Un sector de los anarquistas catalanes, partidarios de las acciones sindicales abiertas y no clandestinas, consiguieron crear la Federación de Trabajadores de la Región Española. En el Congreso de 1882, y que se celebró en Sevilla, se comprobó el auge de dicha Federación porque ya contaba con 50.000 afiliados, especialmente del mundo industrial catalán, y de Andalucía, las dos zonas donde siempre el anarquismo español tuvo sus mayores fuerzas.

En Andalucía los grandes propietarios comenzaron a temer la fuerza creciente del movimiento obrero anarquista, y como respuesta desarrollaron una lucha sistemática. El resultado de esta represión fue la detención de centenares de trabajadores, consiguiendo desarticular muchas organizaciones o federaciones. El episodio más famoso fue el de la Mano Negra en Jerez. La Guardia Civil descubrió a una sociedad secreta con dicho nombre y a la que se quiso identificar con la Federación de Trabajadores de la Región Española. Se usó el pretexto de dos asesinatos perpetrados pero que no tenían un móvil social para iniciar un proceso judicial contra la Mano Negra que concluyó con la ejecución de siete campesinos, varias condenas perpetuas y algunos destierros. Esta represión fue muy eficaz, ya que la Federación terminó por disolverse en 1888.

Eso no fue obstáculo para que fuera del control de la Federación hubiera pequeños grupos anarquistas autónomos, aunque de vida efímera. Su filosofía se basaría en la acción directa, o como se conocía, de la “propaganda por el hecho”, es decir, con atentados, empleando el terror. En la década de 1890 comenzó una cadena de atentados, especialmente en Barcelona. El hecho más famoso fue el de la bomba del Teatro del Liceo, que provocó una verdadera matanza. Esta acción motivó la aprobación de la Ley de Represión del Terrorismo. Dicha represión se puso en marcha, llegando al Proceso de Montjuïc con cinco penas de muerte, veinte condenas de prisión y algunas deportaciones. El proceso tuvo una enorme repercusión en toda España y en el extranjero, con diversos actos de denuncia y protesta. Una de sus consecuencias fue el asesinato de Cánovas del Castillo en 1897 por parte del obrero anarquista Angiolillo.

Eduardo Montagut

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Breve historia del derecho de huelga en España

La huelga ha sido un instrumento de protesta fundamental en la historia del movimiento obrero desde los albores de la Revolución Industrial hasta hoy mismo. En un momento en el que se suceden las huelgas y en el que reaparecen los debates sobre la posible regulación de las mismas y sobre las consecuencias que generan, hacer un recorrido, aunque sea breve, sobre la historia del derecho de huelga puede ayudarnos a tener elementos de juicio, sobre todo, al constatar que el reconocimiento de este derecho ha sido muy reciente, muy trabajosamente conseguido y que algunos sectores lo cuestionan de forma más o menos solapada.

En principio, el derecho de huelga se vincula en la historia del constitucionalismo al conjunto de derechos que están asociados a acciones colectivas, como son los de asociación y manifestación. Pero si los dos anteriores fueron reconocidos en casi toda Europa ya en el siglo XIX, el de huelga tardó mucho más en hacerlo, quizás porque era el que más ponía en cuestión los principios del sistema capitalista y porque generaba no pocos conflictos con otros derechos ya reconocidos. Habría que esperar a después de la Segunda Guerra Mundial para que el derecho de huelga fuese recogido por la Constitución francesa de 1946.

La huelga estuvo terminantemente prohibida en España durante todo el siglo XIX, estando considerada como delito hasta el año 1909. En los primeros decenios del siglo XIX comenzó a plantearse la necesidad de que el Estado interviniera en los conflictos laborales y no sólo empleando el uso de la fuerza para zanjarlos o empleando la ley para perseguir a los huelguistas. Este cambio se produce en un contexto general occidental donde el principio de no injerencia estatal del liberalismo clásico comenzaba a dejar paso a una tendencia que defendía una mayor intervención pública en el mundo socioeconómico en casi todos sus ámbitos, impulsada por la constatación de que el mercado no era la panacea que generaba la armonía soñada, pero también por la presión del movimiento obrero y de la izquierda política, así como por la posterior influencia de la experiencia revolucionaria rusa y del ascenso del fascismo, donde el Estado terminó adquiriendo un papel fundamental. En el caso concreto que nos ocupa, los gobiernos europeos intentaron buscar una alternativa para evitar las huelgas y sus consecuencias y, para ello, comenzaron a establecer organismos con el fin de mediar y buscar acuerdos entre los  patronos y los obreros, con desigual éxito. En España, en el año 1908 una ley dispuso la necesidad de crear comités paritarios para conciliar a las partes en los conflictos laborales colectivos. En 1922 se crearon los comités permanentes o temporales para la solución de este tipo de litigios. La Dictadura de Primo de Rivera fundó la Organización Corporativa Nacional, articulada en torno a los comités paritarios de cada oficio, formados por un mismo número de vocales patronos y obreros. Estos comités tenían como misión resolver pacíficamente los conflictos mediante la negociación, además de otras atribuciones de carácter laboral. Este sistema se basaba en el corporativismo fascista italiano pero con una importante diferencia, ya que permitía una cierta libertad de sindicación, por lo que el movimiento obrero ligado al socialismo aprovechó este puente tendido desde el poder, para incorporarse al sistema y, de ese modo, conseguir mejoras reales para los obreros, así como para intentar despegar frente a la pujanza que hasta esos momentos había tenido el anarcosindicalismo entre las clases trabajadoras. Aún así, en el socialismo español se vivió un intenso debate sobre la conveniencia de colaborar o no con la Dictadura. En contrapartida a la institucionalización de la negociación, el Código Penal de 1928 consideraba la huelga como un delito de sedición.

En la Segunda República, Largo Caballero, desde el ministerio de Trabajo, impulsó la reforma de las relaciones laborales, creando los jurados mixtos, cuyos precedentes eran los propios comités paritarios de la Dictadura. Un decreto de 7 de mayo de 1931 estableció los jurados mixtos para arbitrar las condiciones de contratación y vigilar las cuestiones laborales del campo. La ley de 27 de noviembre de ese mismo año extendía los jurados a la industria, servicios y actividades profesionales. Estos jurados estaban compuestos por vocales elegidos paritariamente por las organizaciones patronales y obreras. Los jurados debían, como misión fundamental, mediar en los conflictos laborales, estableciendo un dictamen de conciliación. En caso de que este dictamen fuera rechazado por alguna de las partes, el jurado podía remitirlo al Ministerio de Trabajo y éste al Consejo Superior de Trabajo para buscar una solución. Por otro lado, la ley estableció que tanto la huelga como el lockout, es decir, el cierre patronal, eran ilegales si se realizaban contra lo dispuesto en los acuerdos de conciliación o en los laudos arbitrales. Aún así, el Código Penal de 1932 dejó de considerar a la huelga como un delito de sedición.

Desde muy pronto, todavía en guerra, el régimen franquista consideró la huelga como un grave delito. El Fuero del Trabajo de 1938 calificaba como tal los actos individuales o colectivos que de algún modo turbasen “la normalidad de la producción”. El Código Penal de 1944 volvió a calificar la huelga como un delito de sedición.

En la historia legal de la huelga en nuestro país es capital recordar el decreto-ley de 1977 que anuló la legislación franquista y recogió una serie de condiciones que debía reunir una huelga para que fuera legal. Por fin,  en el segundo punto del artículo 28 de la Constitución de 1978 se reconoció el derecho de huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses, apelando a una ley cuya misión sería la regular este derecho para garantizar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad, los famosos “servicios mínimos”, cuestión que ha generado y genera no pocos conflictos entre las autoridades y los sindicatos.

Eduardo Montagut

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La Huelga General

Históricamente, la huelga general ha sido considerada por el sindicalismo revolucionario como el medio más adecuado para conseguir el triunfo de la Revolución sobre las fuerzas económicas, sociales y políticas que sostendrían el capitalismo. A través de la huelga general, los sectores productivos pasarían a manos de los obreros y campesinos, quienes expropiarían los medios de producción. Estos medios se organizarían a través de sindicatos, comités y cooperativas. Es la expresión máxima de la acción directa. En la Carta de Amiens de 1906 de la Confederación General del Trabajo de Francia se estableció que la huelga revolucionaria era el camino para llegar al final del proceso revolucionario, llegando a la total emancipación capitalista. En aquella reunión se reafirmó la independencia de los sindicatos frente a los partidos políticos.

Por su parte, en el ámbito socialista la cuestión de la huelga general fue intensamente debatida en la Segunda Internacional. En 1904 se llegó a una postura de compromiso sobre la huelga general que, en el fondo, suponía la renuncia a este instrumento para terminar con el capitalismo. Pero, al año siguiente, se reabrió el debate cuando estalló la Revolución rusa de 1905, iniciada con una huelga general. Por fin, en 1906, fueron derrotadas las tesis revolucionarias en el seno de la Internacional y se desechó definitivamente el empleo de la huelga general.

En España, tanto la CNT como la UGT utilizaron la huelga general en distintos momentos y ámbitos geográficos: en 1902 en Cataluña y en 1917 en toda España. En la línea de lo que hemos estudiado sobre las diferencias entre el sindicalismo revolucionario y el socialismo, el anarcosindicalismo español siempre fue más partidario de la huelga general que el sindicalismo socialista. Para los socialistas la huelga general generaba un desgaste de las fuerzas sindicales.

La huelga general no tiene, en la actualidad, un carácter revolucionario, ya que se emplea como un medio para solucionar problemas que no encuentran solución mediante huelgas parciales, o para acelerar cambios políticos y sociales.

Eduardo Montagut

http://www.cadiznoticias.com/texto-diario/mostrar/378795/la-huelga-general

http://www.nuevatribuna.es/articulo/cultura---ocio/huelga-general-movimiento-obrero/20150911180523119998.html


http://www.publicoscopia.com/cultura/item/2708-la-huelga-general.html

El anarcosindicalismo ante la Segunda República

Los anarcosindicalistas de la CNT sufrieron una dura etapa de represión y de clandestinidad durante la Dictadura de Miguel Primo de Rivera, y que les afectó de forma evidente. Los más activistas encontraron serias dificultades para la labor de los grupos de acción terrorista y su enfrentamiento con el sector más posibilista, encabezado por Ángel Pestaña, contribuyó a complicar el desarrollo de la central sindical.

En plena crisis del anarcosindicalismo por la represión y por los enfrentamientos internos surgió la FAI, la Federación Anarquista Ibérica, en Valencia en el mes de julio de 1927. Como indica su nombre, su ámbito incluía toda la Península, aunque, en principio, se le quiso dar una dimensión europea y americana a esta federación. Se trató de reunir a todas las tendencias del anarquismo. La reunión de Valencia culminaba un proceso de reuniones previas en Barcelona, Francia y Portugal. 

En dicha reunión se integraron la Unión Anarquista Portuguesa, la Federación Nacional de Grupos Anarquistas de España y la Federación de Grupos Anarquistas de Lengua Española en Francia. La FAI pretendía asegurar la hegemonía anarquista en la CNT, frente a la influencia de la minoría comunista y de los dirigentes sindicalistas reformistas más moderados. Se estableció la fórmula de la "trabazón", es decir el enlace entre la línea sindical y la de los específicamente anarquistas.

En el intenso período histórico que va desde la caída de Primo de Rivera a la proclamación de la República, los anarcosindicalistas comenzaron a movilizarse. En febrero de 1930, la CNT seguía en la clandestinidad pero se celebró un pleno de regionales, que se pronunció por la colaboración con los republicanos aunque en términos un tanto ambiguos. Se basaba en la necesidad de que se convocaran unas Cortes Constituyentes, se afirmase la libertad sindical y se amnistiase a los presos políticos. Pestaña protagonizó un acto clave para que la CNT volviera a ser legal, al entrevistarse con el general Mola, director general de Seguridad. La legalización de la central sindical permitió el resurgimiento de la actividad anarcosindicalista. 

Ángel Pestaña, Juan Peiró y otros dirigentes movieron a la CNT hacia una cierta colaboración con los conspiradores republicanos. De forma paralela, se volvía a la estrategia de la huelga y la movilización. Pero en la CNT seguía siendo poderoso el sector contrario a la colaboración con los republicanos y a aceptar compromisos con fuerzas que no fueran obreras. Por otra parte, los republicanos no se atrevieron a dar el paso de invitar a los anarcosindicalistas a la conjunción antimonárquica que se estaba formando, prefiriendo a los socialistas. 

Eduardo Montagut

http://www.ecorepublicano.es/2015/08/el-anarcosindicalismo-ante-la-segunda.html